Herederos de los tlahuicas, xochimilcas y otros pueblos milenarios, de las luchas de resistencia en la Colonia, la Independencia y la Revolución mexicana, herederos directos de Zapata y Jaramillo, estos pueblos siguen librando una lucha incansable por un autogobierno que comunitariamente cuidan nombrándolo "nuestra libertad" y declaran en su Manifiesto de los Pueblos de Morelos: "En nuestra entidad predomina la injusticia. Nuestro territorio es visto por los gobiernos federal, estatal y municipales como una fuente de enriquecimiento sin límites para unos cuantos, mientras se nos despoja lo que hemos cuidado y compartido comunitariamente toda nuestra vida: el agua, la tierra y el aire".

Tal documento es un ejercicio colectivo de diagnóstico regional autónomo cuya cohesión y contundencia viene de abrevar de la visión procedente de diferentes rincones y diversas luchas, experiencias y memorias, lo que le permite a los pueblos poner las propuestas por delante, pero sin dejarse mediatizar.

Como todos los pueblos campesinos de raíz indígena en otras regiones del país, su diagnóstico proviene de una tradición de respeto y veneración por la tierra, el agua, el aire, el fuego, el monte, el bosque; de la vida campesina, el cultivo del maíz en milpa y el cuidado de las semillas propias. Su cultura de manejo del agua les permite equilibrar ciclos de lluvia, filtración y recarga de flujos acuáticos en sus variadas formas, leyendo la niebla, el frío y el calor, los temblores ligeros de la tierra, el viento que sale de los pozos naturales y los ríos subterráneos.

"Entendemos y veneramos la relación con nuestras tierras, aguas y aires porque mantenemos en pie nuestra organización colectiva: el día que ésta muera, morirán nuestras relaciones, nuestros saberes y cada uno de nuestros recursos", afirman, y enfatizan que aunque los gobiernos y las empresas creen que la gente no se percata de lo que ocurre, "los pueblos tienen muy clara la destrucción de sus bosques, las esponjas que absorben el agua que utilizamos todos", a manos de los gobiernos federal y estatal que "permiten la tala clandestina en la Sierra del Chichinautzin, muy especialmente en la región de las lagunas de Zempoala".

Saben de lo nocivo de la urbanización, las industrias y las agroempresas; del uso indiscriminado de agresivas sustancias químicas que "devoran nuestras mejores tierras, nuestros ríos y manantiales, las selvas bajas y los bosques". Sufren la deforestación de más y más barrancas que durante siglos anidaron flora y fauna, animaron arroyos y regularon el clima (para grandes unidades habitacionales, carreteras, libramientos o tiraderos de basura a cielo abierto, como en Cuernavaca) y de áreas "protegidas institucionalmente" como el Corredor Biológico del Chichinautzin y El Texcal.

Su alarma es el desequilibrio total de las aguas en la región, de las nieves en el Popocatépetl al desecamiento y la contaminación de manantiales, canales, apancles, y ríos a los que se vierte desagüe hasta volverlos basureros, lo que se agrava por la privatización de los principales acuíferos de Morelos, en El Texcal de Tejalpa y en la Colonia Manantiales de Cuautla, concesionados a FEMSA-Coca Cola, que "no rinde cuentas a nadie".

Y hay urgencia. La situación es muy grave. Así, Xoxocotla, Tetelpa, Santa Rosa y San Miguel Treinta, Tetecalita, Tepetzingo, Acamilpa, Pueblo Nuevo, El Mirador Chihuahuita, Temimilcingo, Tlaltizapán, Huatecalco y Benito Juárez, defienden la supervivencia de sus manantiales Chihuahuita, El Zapote, El Salto y Santa Rosa contra la expansión irracional de "defectuosas, ilegales y destructoras unidades habitacionales, como las de Xochitepec, Jiutepec, Cuernavaca o Emiliano Zapata".

Es "la lucha contra los basureros a cielo abierto o rellenos sanitarios en Alpuyeca, Tetlama, Yecapixtla, Axochiapan, Cuentepec, Anenecuilco, La Nopalera, San Antón, San Rafael y Puente de Ixtla. Contra las gasolineras y estaciones de gas contaminantes en San Isidro, Ocotepec, Jiutepec, Cuautla y Cuernavaca. Contra la destrucción de la barranca de Los Sauces en Cuernavaca. Contra la construcción de libramientos carreteros, como en Huitzilac, y en los bosques del poniente de Cuernavaca o contra la construcción de la carretera Siglo XXI (Veracruz-Acapulco), en Popotlán, Amilzingo Ahuehueyo, Tenextepango, El Salitre y las Piedras". Éstas son sus propuestas urgentes:

* Que las actuales autoridades de Morelos pongan un freno inmediato a esta dinámica de destrucción, saqueo y creciente injusticia ambiental.

* Que se revoquen todas las concesiones y permisos a proyectos que atentan contra la seguridad, la salud y el medio ambiente de los morelenses, porque se han convertido en peligrosas fuentes de conflicto social.

* Que los cuatro grandes acuíferos de Morelos sean declarados, de inmediato, zona de veda para la extracción especulativa, comercial e industrial, hasta que no se pruebe científicamente, de forma abierta, democrática y pública, que dichas reservas no han sido sobreexplotadas, ni contaminadas por el desarrollo de tales proyectos.

* Que el Congreso del estado inicie inmediatamente investigaciones por tráfico de influencias y corrupción en los proyectos y permisos en los que puedan estar involucradas autoridades actuales y previas, federales, estatales y municipales. Y que se forme una comisión ciudadana que participe dentro de dichas investigaciones.

* Que el Congreso estatal promueva la creación de una nueva Ley de Protección Socioambiental que reconozca el derecho de los ciudadanos y los pueblos a contar con información adecuada y oportuna en torno a las empresas en operación y los proyectos de desarrollo que actualmente irrumpen dentro de nuestros espacios de vida y trabajo, así como en el derecho a definir de manera directa y democrática el uso de los lugares en que vivimos.

* Que el gobierno de Morelos se comprometa públicamente, a no criminalizar a ninguno de los participantes en nuestro movimiento por la defensa de nuestros recursos, nuestro medio ambiente y nuestras condiciones de vida.

Los pueblos de Morelos entienden muy bien la política general de su gobierno estatal y del gobierno federal: destruir por consigna el campo y a los campesinos, expulsarlos a los cinturones de miseria urbanos para abrir paso a la apropiación privada de los recursos naturales hasta agotarlos sin miramientos con tal de continuar la expansión irracional de las ciudades, con sus comercios, hoteles, centros de convenciones, balnearios privados, carreteras, gasolineras, centros comerciales, campos de golf, universidades privadas, aeropuertos, supermercados y tiendas de conveniencia, mientras le avientan la mierda a las comunidades con sus rellenos sanitarios, sus tiraderos de basura a cielo abierto, sus incineradores y sus depósitos de residuos venenosos. Pero no se van a dejar.