Los primeros de ellos comenzaron a materializarse al mismo tiempo que empiezan a vencer los plazos de entregas de las viviendas, 30 meses después de haberse concedido las licencias. Los abogados de Fadesa mantuvieron ayer un encuentro con los tres primeros propietarios afectados por este hecho, a quienes les ofrecieron tres alternativas.
La primera, renovar los avales y esperar una posible aprobación de un nuevo Plan Parcial que legalice las construcciones. La segunda consiste en elegir otra vivienda en cualquier urbanización que Fadesa esté construyendo en Cantabria o España. La última opción es la devolución del dinero con los intereses acumulados. Al parecer, los tres afectados reunidos ayer con Fadesa habrían optado por esta última alternativa.
Las previsiones de los abogados de la asociación de afectados prevén que en 15 o 20 días se termine de cerrar el acuerdo y redactar el contrato. De este modo, en el plazo de un mes, aproximadamente, estos propietarios recibirían el dinero invertido en las viviendas ilegalizadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).
El portavoz de la agrupación, Javier Fernández, destacó que este era el «único camino posible y la fórmula más amistosa para ir solucionando el problema», aunque aclaró que esto no supone devolver el dinero a todos los afectados, sino sólo a los que les venza el plazo de entrega. «La promotora ha ido flexibilizando su postura y ha entendido que lo que pedíamos era muy razonable», explicó.
Respecto al nuevo Plan Parcial, Fadesa tiene previsto presentarselo en breve al Ayuntamiento de Piélagos.
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