M. J. ÁLVAREZ - MADRID
A pesar de su juventud (32 años), ha ocupado cargos de responsabilidad. El primero, en el Ejecutivo central en 2003 al sustituir a la actual presidenta de la Asamblea, Concepción Dancausa, en la secretaría general de Asuntos Sociales. Gobernaba Aznar. Abandonó el puesto en septiembre de 2005 para ponerse al frente de una nueva consejería: Inmigración. Su lema: integrar.
-El departamento que dirige no tiene aún ni tres años de vida. ¿Ha podido contribuir a mejorar la situación de los inmigrantes?
- Hemos puesto en marcha un Plan de Integración que afecta a todo el Gobierno de Madrid con políticas globales y transversales, junto al aumento de medios materiales y recursos presupuestarios para apoyar políticas de integración. Este término porque incluye también a la población autóctona y ésa es nuestra filosofía. Todo ha revertido en la mejora de muchos inmigrantes.
-¿La integración es real o queda mucho aún?
-Existe un problema fundamental: la irregularidad. Hasta que un extranjero no tiene los papeles en regla es muy difícil que se adentre en otras fases del proceso migratorio.
-¿Cuántos irregulares hay?
-450.000 de un total de un millón. Ello es achacable a unas políticas nacionales equivocadas que han empeorado la tasa de regularidad. Y esta es la primera condición para la integración, ya que permite a los ciudadanos ser iguales en derechos y en obligaciones.
-¿Cuál es el reto del Gobierno en este sentido?
-Conseguir que sean muchos más los que entren en nuestro país de forma legal.
-¿Cómo poner límites y resolver el problema de la irregularidad?
-Es una cuestión estatal, aunque las regiones tengamos que poner en marcha las políticas necesarias para atender a esa población y emplear a cientos de miles de personas que están en una situación de ilegalidad. Esa es la complicación a la que nos enfrentamos muchas comunidades. La política de inmigración nacional se ha alejado de las pautas de la UE; y tiene que garantizar la llegada desde los países de origen por los cauces legales establecidos, y el retorno humanitario de quienes no vengan de ese modo como dice la ley. No obstante, nosotros no vamos a dejar de hacer nuestros deberes.
-¿Cuáles son esos deberes?
-Apostar porque tengan las mismas oportunidades, obligaciones y derechos que el resto de los españoles y evitar que quien esté cerca de una situación de marginalidad o de generar problemas sociales, caiga en eso y no sea atendida.
-¿Ése ha sido su principal caballo de batalla?

-Sí. Hemos luchado por que mejore la llegada de extranjeros por los cauces legales. No ha sido así y sigue habiendo una bolsa de irregulares demasiado grande. Hemos intentado no sólo encauzar las políticas nacionales sino poner en marcha las nuestras. Tenemos el Plan de Integración 2006-08, con un presupuesto de 4.400 millones, más que lo que cualquier otra administración dedica a este colectivo, incluido el Estado. Dedicamos 40 veces más que el Gobierno del PSOE a políticas de formación, educación, asistencia, sociales, etc. Éste programa se ha cumplido en un 60%. Con todas esas acciones se han evitado conflictos sociales y se ha facilitado la convivencia. Al margen de problemas puntuales, en general, la integración es buena.
-¿Se va con los deberes hechos?
-Hemos tenido más aciertos que errores, como lo es gestionar una gran cantidad de presupuesto en beneficio de nuestros inmigrantes. Ya no se tiene la impresión de que este fenómeno va por delante de los instrumentos de las administraciones públicas, como sucedía antes. Con todo, hay que seguir trabajando porque seguirán llegando más.
-¿Cuál ha sido su principal reto?
-La puesta en marcha del Plan de Integración con 240 medidas que afectan a todas las áreas del gobierno. Muchas veces, al apostar tanto por la inmigración y por poner las bases de una buena convivencia se corre el riesgo de oír comentarios del tipo: «Es que los inmigrantes se lo llevan todo...». Pero la gente no quiere ver un uso indebido de los parques, ni a chavales en pandillas callejeras, ni que aumente la inseguridad... Y el deber de la Comunidad es poner en marcha todos los recursos y hacer todo lo posible para que esos problemas, asociados al reto de la inmigración, no ocurran.
-¿Le ha quedado alguna cuestión pendiente de resolver?
- Mejorar la colaboración y coordinación con el Gobierno central. Zapatero no está haciendo una buena política de inmigración y hay asuntos fundamentales en los que los gobiernos nacional y autonómicos deben entenderse. Y nosotros no dejaremos de tender la mano.
-¿Cómo abordaría el tema de los inmigrantes subsaharianos?
- Desde su raíz. Garantizando la llegada por los cauces regulares, siendo más efectivo en las repatriaciones, mejorando la lucha contra la inmigración ilegal e incrementando los convenios de flujos migratorios con los países de procedencia.
-¿Y respecto a cuando llegan a Madrid y se ven en la calle?
-Están en un limbo jurídico porque tienen una orden de expulsión que no va a ser ejecutada y que les imposibilita obtener los papeles. Pero, en el ámbito de nuestras competencias hemos puesto recursos.
-¿Cuáles?
-Hemos abierto un centro panafricano que dará cursos de formación y clases de castellano. Tenemos convenios con Cruz Roja y otras entidades para la acogida, atención y ayuda psicológica con un itinerario individualizado de seguimiento en el que le damos todo el apoyo social que nos permite la ley.
-¿Se ha llegado a sentir desbordada por esas derivaciones?
-Los servicios sociales de la Comunidad han estado al borde de la saturación en 2006. Gracias a que tenemos extraordinarios profesionales, programas eficaces y a que íbamos habilitando recursos, plazas de acogida y fondos extraordinarios en función de las necesidades, la situación no ha derivado en mayores conflictos sociales, que podía haber ocurrido...
-¿Cómo está la situación este año?
-Ahora con el buen tiempo empiezan las llegadas masivas. Estamos trabajando por si se repite la situación con el fin de tener todos los dispositivos listos.
-¿Cuántos llegaron en 2006?
-En torno a 31.000 y el 65% fueron trasladados a Madrid. Y solo nos comunicaron una minoría. Todo ello pone a prueba los servicios sociales de una región y los sistemas de atención. Reclamamos un reparto equitativo.
Fuente: ABC, 16/4/07
Comentario
Trabajo en calle, y me parece descorazonadora la situación de los subsaharianos que venden cds en las calles de Madrid. Concretamente en Preciados, la calle comercial por excelencia de la capital madrileña, los puedes ver con sus sábanas repletas de cds, películas, perfumes, etc... mirando a todos los lados antes de abrir las sábanas y luego salir corriendo ante la llegada de la policía.
Menuda situación de mierda. Les traen de Canarias a la capital, les dejan en la calle con la dirección de una ONG en la mano y que se busquen la vida. Se dedicarán a la venta ambulante, no tienen papeles, y se les perseguirá por la calle porque no tienen papeles. Se sabe, se permite, estamos jugando a la caza del gato y el ratón. ¿Pero esto qué es? ¿Cómo se puede tratar así a seres humanos que han tenido que abandonar su familia, su país por tratar de encontrar una vida mejor, jugándose la vida en una patera?