El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) anuló la semana pasada el plan parcial que permitió la construcción de esa urbanización, por su grave impacto paisajístico -que la sentencia califica de 'dentellada' al monte- y por infringir varios aspectos de la Ley del Suelo y de la Ley sobre Barreras Arquitectónicas.
Fuentes de la Fiscalía indicaron ayer que Martín-Nájera va solicitar el expediente completo de esa urbanización y todos los informes emitidos a lo largo de su tramitación, para examinar si cabe exigir responsabilidades penales y, en ese caso, a quién.
Transcendencia
La fiscal jefe ha tomado esta decisión en vista de «la transcendencia social y económica» de la sentencia que declara ilegal esa urbanización, del número de ciudadanos afectados y del «ataque medioambiental» que se ha producido, explicaron las fuentes.
En el caso del Alto del Cuco , el Ayuntamiento de Piélagos, gobernado en mayoría absoluta por el PP, hizo uso de la facultad que la Ley autonómica del Suelo atribuye a los municipios de más de 2.500 habitantes para aprobar planes parciales sin necesidad de obtener el visto bueno del Gobierno de Cantabria.
De hecho, en este caso, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) había emitido un informe contrario a esa urbanización, en la que se señalaban todas las infracciones legales que ahora han motivado la sentencia, según ha asegurado su presidente, el consejero de Presidencia, Vicente Mediavilla (PRC).
Acusaciones
Mediavilla también ha acusado públicamente al equipo de gobierno de Piélagos de haber «perdido el culo» para aprobar esa urbanización antes de que el Parlamento cántabro promulgara el Plan de Ordenación del Litoral, que hubiera protegido esos terrenos, situados junto a la desembocadura del río Pas y el Parque Natural de Liencres.
El Ayuntamiento de Piélagos contaba a su favor con otro informe del Gobierno de Cantabria, la estimación de impacto ambiental aprobada por el consejero de Medio Ambiente, José Ortega (PSOE). Sin embargo, Ortega rectificó su opinión cuando el asunto llegó a la Crotu y apoyó el informe contrario a la urbanización. Luego, el Gobierno cántabro requirió al Ayuntamiento de Piélagos para que no siguiera adelante con ese plan parcial, aunque sin éxito. La sentencia señala que, para «incrustar» las 395 viviendas en la ladera sur del Alto del Cuco, se han retirado 600.000 metros cúbicos de roca y tierras y se han abierto taludes de hasta 17 metros de altura, lo que ha «desfigurado completamente» la montaña.
Armonía
El TSJC sostiene que esa urbanización «rompe la armonía del paisaje, en un entorno natural rural precisado de protección».
La empresa que la promueve, Fadesa, ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, el Gobierno de Cantabria ha pedido a su vez al TSJC que paralice cautelarmente las obras para que el perjuicio económico y ambiental causado no siga creciendo. Mientras tanto, los compradores de las viviendas ya han comenzado a organizarse para exigir que se les devuelva su dinero. Fadesa valoraba la urbanización del Alto del Cuco , cuya denominación comercial es 'Residencial Costa Verde', en más de 110 millones de euros, según los precios de venta al público de las distintas viviendas que la componen (apartamentos y chalés). La sentencia mantiene que el proyecto rompe la armonía del paisaje en un entorno natural.
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