S. BASCO - MADRID

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, señaló ayer que la decisión sobre el emplazamiento del futuro Almacén Temporal Centralizado (ATC) para albergar los residuos de alta radiactividad generados en las centrales nucleares se tomará cuando pasen las elecciones municipales.
Narbona indicó en los desayunos informativos de Europa Press que «el Gobierno está escuchando las propuestas que llegan y trasladando información, en un proceso que está en su primer estadio», y que «de estos temas hablará con más serenidad y con todo el rigor que requiere cuando pasen las elecciones». A su juicio, «en los momentos preelectorales es muy fácil ir a posiciones demagógicas y este tema requiere la máxima responsabilidad y seriedad».
El emplazamiento del ATC de residuos radiactivos debería haber sido decidido antes de finales del pasado año para cumplir con los plazos previstos. Si el 31 de diciembre de 2010 la instalación no estuviese operativa para recibir las 400 toneladas de residuos de la central de Vandellós I que España envió a Francia para su tratamiento antes de 1989, y que en esa fecha deben ser devueltos, a partir del primero de enero de 2011 Enresa deberá pagar a la empresa pública francesa Cogema más de 50.000 euros diarios de penalización.
El problema se agrava al considerar que el permiso de explotación de la central de Santa María de Garoña expira en 2009. Si no obtuviese la prórroga de diez años solicitada por su titular, Nuclenor, debería procederse a su desmantelamiento, con varios cientos de toneladas más a almacenar.
Por otra parte, las piscinas de almacenaje de algunas de las centrales nucleares estarán saturadas en 2013, como es el caso de Cofrentes y Ascó I. Así, las urgencias para el almacenamiento se acumulan.
El proyecto para el ATC establece en cuatro años el periodo de ejecución de las obras, una vez decidido el emplazamiento y obtenidos los permisos. El lugar para su ubicación no será decidido antes de finales de 2007, en el mejor de los casos, ya que la fase de presentación de candidaturas no comenzará antes de mediados de junio.
Ampliar el plazo de información
Ahora, como confirmó ayer la propia ministra Narbona, las elecciones municipales y autonómicas del 27 de mayo mantienen todo el proceso paralizado en su primera fase, el periodo de información, que se abrió en julio pasado y que ya había sido prorrogado hasta el próximo día 28.
Hasta el momento ha sido recibido «un gran número de solicitudes de información por parte de ayuntamientos, asociaciones ecologistas e incluso particulares», según manifestó a ABC Sonia Ballesteros, secretaria técnica de la Comisión Interministerial para el emplazamiento del ATC.
La Asociación de Municipios en Áreas con Centrales nucleares (AMAC), que integra 21 ayuntamientos, también ha pedido información, «pero ninguno ha expresado su disposición para acoger el ATC... Cualquiera de los 8.108 municipios españoles puede ser candidato», aseguró a ABC Natalia Muñoz, su portavoz.
Permisos y licencias
Para hacer más lento el proceso, una vez decidido el emplazamiento se abrirá un engorroso procedimiento administrativo para la obtención de permisos: licencia municipal de obras, autorización de emplazamiento, autorización de construcción, apreciación favorable del Consejo de Seguridad Nuclear, declaración de impacto ambiental, permiso de explotación, programa de pruebas...
La elección debe atenerse a criterios de seguridad. El emplazamiento reunirá una serie de condiciones como baja actividad sísmica, reducida densidad de población en el entorno y buenas comunicaciones por carretera y por vía férrea.
El presidente de Enresa, José Alejandro Pina, manifestó en su momento ante el Senado que «aunque técnicamente puede construirse en cualquier lugar, el sitio idóneo para el ATC es una central nuclear, ya que es lo más barato, lo más sencillo y lo más seguro». De la misma opinión era el gerente de AMAC, Mariano Vila. En la actualidad, cada central almacena sus residuos «y siete emplazamientos son más difíciles de vigilar que uno solo».
El municipio elegido percibirá, además de las tasas e impuestos que gravan estas actividades, un fijo anual de unos 2,2 millones de euros, más una cantidad variable de unos 25.000 euros por tonelada de combustible radiactivo. La media anual puede ascender a 11,5 millones de euros.
Fuente: ABC, 20/2/07