Los ‘deportaviajes’ de Moratinos

Fernán Chalmeta . Redacción

El despliegue diplomático español en África, apoyado en un generoso uso de la chequera, no está, por ahora, logrando uno de los resultados más deseados: la repatriación de subsaharianos indocumentados.

África es una prioridad en la política de inmigración del Gobierno de Zapatero, sobre todo desde este verano. Excluyendo a Marruecos, dicho continente no es relevante por el número de inmigrantes que llegan -son muchos más los de América Latina y Europa del Este-, sino por las condiciones en las que llegan. Por el drama humanitario y el impacto en la opinión pública española de las llegadas de cayucos televisadas. “La sensación de inacción que se podía trasladar a la gente ha forzado el endurecimiento del mensaje”, afirmaba recientemente un miembro de la dirección del PSOE.

Por ello, desde mayo está en marcha el Plan África 2006-2008. En este contexto, del 31 de mayo al 2 de noviembre, el secretario de Estado de Exteriores, Bernardino León, ha visitado dicho continente tres veces; los ministros de Exteriores y de Justicia, dos veces cada uno; y Zapatero se ha reunido con el primer ministro de Guinea-Bissau y con el jefe de la junta militar que dirige Mauritania. Y las ayudas al desarrollo han pasado de ser casi inexistentes a los 100 millones de euros anuales. Los objetivos inmediatos: lograr repatriaciones y la firma de acuerdos de segunda generación o nivel.

Pero las expulsiones de indocumentados no van al ritmo deseado, y son inconstantes, sometidas a la voluntad de los dirigentes africanos, lo que se solventaría con la firma de acuerdos. Ahora bien, sólo dos países Gambia y Guinea-Conakry, cuya relevancia en el tema migratorio es residual, han firmado, el 9 de octubre, los acuerdos de segundo nivel. Firma acompañada de la concesión por el Gobierno español de ayudas por cinco millones de euros a cada uno, y de la condonación de deudas por valor de ocho millones de euros para Guinea-Conakry.

Hay ya numerosos acuerdos puntuales y específicos, con años de antigüedad, llamados de primer nivel, pero el Gobierno español busca acuerdos globales o de segundo nivel, que liguen en un solo documento escrito cooperación al desarrollo, intercambios comerciales y pactos sobre inmigración- sobre todo los compromisos de repatriación-. El Gobierno pretende firmar, desde hace meses, acuerdos de este tipo con otros ocho países (Senegal, Malí, Níger, Nigeria, Guinea-Bissau, Mauritania, Ghana y Cabo Verde), pero por ahora no lo está logrando, ya que los gobernantes africanos se resisten.

Según declaraciones en la prensa de un funcionario africano, “los europeos nos habéis saqueado durante siglos. Y ahora que por primera vez estamos recibiendo remesas de nuestros inmigrantes, pretendéis que les repatriemos. Tendréis que pagar por ello”. Además, las repatriaciones generan fuertes tensiones sociales y políticas. Pese a haberse comprometido a ello para el 10 de octubre, el Gobierno senegalés se resiste a la firma de un acuerdo de segundo nivel hasta que pasen las elecciones del mes que viene, por el fuerte rechazo que tales medidas levantan en la población. Y por eso los guiños a Senegal desde el Gobierno de Zapatero: concesión de 35 millones de euros en ayuda al desarrollo y cooperación, anuncio de un cupo, reservado sobre todo para los repatriados, de 4.000 senegaleses para trabajar legalmente. El total de senegaleses repatriados durante el año 2006 es de 4.870, en base a un compromiso, que no acuerdo, de repatriación que el Gobierno senegalés ya ha suspendido una vez.

Según explica una experta en migraciones y desarrollo, “las personas expulsadas están cabreadas con sus gobiernos de origen, porque firman esos acuerdos de retorno después de que las personas hayan hecho la inversión en el viaje. En el imaginario social africano, los expulsados son mirados como que han fracasado. Había detrás de ellos todo un entramado de redes, su entorno y grupo familiar, que han apostado por esa persona”.

La misma fuente afirma que “a golpe de talonario vinculado a un acuerdo de readmisión, se están desviando las actuaciones a una política humanitarista, de parcheo, pero que no incide directamente en las causas de la pobreza. Si quiere establecer realmente mecanismos coherentes con su discurso (lucha contra la pobreza, dentro de los Objetivos del Milenio), el Gobierno tendría que incidir más en generar condiciones para la gente que está retornando”. Además, esta experta considera que “va en el interés de la Vicepresidencia y de Exteriores pulir estos acuerdos e intentar generar en origen condiciones de vida digna; plantear algo distinto que deportar a la gente dándoles 150 euros, que es lo que hacen ahora”. Y concluye: “El problema real es la necesidad de revisar lo que estamos haciendo con África, que todos somos responsables de la situación que sufre. Éstos son parches hasta que no cambien las políticas que sustentan la UE: su política económica genera la desigualdad”.

Para Cándida Leal, de la Federación de Comités de Solidaridad con África Negra, es un mercadeo: “Ante este primer paso dado por el Gobierno, aunque obligado por las circunstancias, vamos a intentar que se lo trabajen más. Que la ayuda no sea a fondo perdido, que haya un control de su uso para que realmente sea una ayuda de cooperación y desarrollo. Los plazos y duración y, con ello, la capacidad real de incidir de los acuerdos, como mucho son de tres a cinco años. Intentaremos que se formalice un compromiso de continuidad”.

Fuente: Diagonal, n· 42