BASURA ELECTRÓNICA; LOS FABRICANTES EUROPEOS ELUDEN LA NORMATIVA SOBRE SU EXPORTACIÓN ILEGAL

Verónica Ramírez /Madrid

Millones de residuos eléctricos y electrónicos se exportan anualmente a países empobrecidos. Es la forma más barata de ‘reciclar’ unos productos altamente tóxicos cuyo período de vida útil no deja de disminuir.

Entre 20 y 50 millones de desechos tóxicos procedentes de ordenadores, móviles y otros aparatos se producen anualmente en el mundo. Y cada año el número de desechos crece, debido al auge de la electrónica y la informática, y a que la vida útil de estos productos cada vez es menor. Mientras que en 1997 un ordenador duraba de media seis años, en 2005 se tiraba a la basura cada dos; los móviles, ni siquiera llegan a durar dos años. Los países más consumidores abaratan sus costes de reciclaje de la ‘basura electrónica’ exportándola a países empobrecidos, preferentemente a China e India.

En 2005 un estudio de Greenpeace se ocupó de analizar los efectos de las sustancias tóxicas de los aparatos eléctricos y electrónicos enviados a estos dos países, concretamente en la provincia de Guangdong y en los suburbios de Nueva Delhi. La organización ecologista analizó el entorno medioambiental y los lugares de trabajo donde se reciclan los aparatos, confirmando que las aguas, el suelo y los habitantes de la zona mostraban elevados índices de sustancias químicas tóxicas y de metales pesados, superiores a los considerados óptimos para la salud y la conservación del medio ambiente. En el reciclaje también trabajan niños y mujeres embarazadas, que desmantelan ordenadores e impresoras sin protección física y al aire libre como única manera de sobrevivir.

El Convenio de Basilea de la ONU prohíbe exportar desechos eléctricos y electrónicos de manera descontrolada a países empobrecidos. Entró en vigor en 1992 y está ratificado por 134 países, entre los que no está Estados Unidos, el mayor exportador de basura electrónica. Pero los ratificantes siguen exportando basura electrónica de forma ilegal.

Además, el Convenio de Basilea propone la progresiva desaparición de algunos componentes peligrosos en el proceso de fabricación. En respuesta, “los fabricantes están sustituyendo estas sustancias tóxicas por otras que son igual de contaminantes que las anteriores pero que no están prohibidas”, asegura la representante de Greenpeace Sara del Río. Por eso, exigen que se prohíba el uso de cualquier sustancia peligrosa.

Para obligar a los países a reciclar la ‘basura electrónica’ in situ, la Unión Europea supuestamente regula desde hace un año que cada uno de sus miembros recicle cuatro kilos de productos eléctricos y electrónicos por habitante y año en sus plantas. Sin embargo, los datos de consumo son mayores: se calcula que el peso de los productos puestos en el mercado es de 14 kilos por habitante. Aun con estos datos, las ONG españolas denuncian que existe un gran descontrol sobre la gestión de los residuos.

Fiscalización verde
Greenpeace ha elaborado un ránking con las marcas de productos informáticos y teléfonos móviles según su compromiso con el medio ambiente, y sólo cuatro marcas de las 14 investigadas aprueban, aunque todas alardean de su buena política medioambiental.

Según la organización, las inspecciones realizadas a 18 puertos europeos en 2005 revelaron que cerca del 47% de las exportaciones de desechos eran ilegales, y una gran parte de ellos eran productos eléctricos y electrónicos.

En el Estado español, un real decreto aprobado en febrero de 2005 obliga a los fabricantes a ocuparse de la recogida selectiva de los residuos y a gestionar su reutilización, reciclaje o eliminación. Además, las plantas de reciclaje deben cumplir unas condiciones mínimas de seguridad. Pero según los propios datos de Medio Ambiente, las 12 plantas de reciclaje de este tipo de residuos existentes tienen capacidad para reciclar una media de cinco kilos por habitante y año. En 2005 la media de reciclaje fue sólo de 3,86 kilos.

Fuente: Diagonal n·42