Las muertes por violencia de género no cesan, la alarma social y la impotencia de no poder acabar con este gran drama social hace que sea necesario explicar una vez más la complejidad de este fenómeno y la idoneidad de los mecanismos que la sociedad establece para combatirlo.
Encarna Franco - María Escudero
De hecho ya han surgido algunas voces cuestionando la eficacia de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género a pesar de que el tiempo transcurrido desde su aprobación , apenas dos años , no es suficiente para poder evaluar la efectividad de las medidas porque muchas de ellas necesitan tiempo para ser valoradas.
La Ley no sólo pretende la seguridad de las víctimas sino producir los cambios sociales necesarios para atajar las causas de la violencia.
La Ley Integral es un instrumento del Estado de Derecho para abordar el conjunto de factores que conforman el fenómeno de la violencia de género, pero no se puede esperar que sólo el desarrollo de las medidas contenidas en la Ley hiciera desaparecer la violencia que sufren las mujeres en sus relaciones afectivas porque ésta hunde sus raíces en nuestra cultura que ha atribuido papeles diferentes a los hombres y a las mujeres y permite y tolera aún hoy ,relaciones de dominación y poder de los varones sobres las mujeres.
La desigualdad entre los hombres y las mujeres es la causa última de la violencia que éstas sufren y que tiene en la violencia de género su manifestación mas deleznable y también más difícil de erradicar por producirse en un ámbito como es el de las relaciones de pareja, en las que el maltratador somete a la victima a un proceso de degradación que comienza con la violencia psicológica hasta llegar a las agresiones físicas ejerciendo un aterrador control sobre la víctima que la incapacita para poder pedir ayuda para salir de la situación.
El círculo de la violencia del que hablan l@s expert@s consiste en ir aumentando la presión sobre la víctima a la vez que se pide perdón tras cada episodio violento para volver a empezar de nuevo. Detrás de esta aterradora espiral está el miedo de muchas de las víctimas que hace que no quieran denunciar, retirar las denuncias o permitir romper las condiciones de las órdenes de protección.
La aprobación de Ley Integral con la unanimidad de todos los grupos políticos, ha supuesto en primer lugar la asunción por parte del Estado de que estamos ante un problema social, público y ha convertido en una prioridad del Gobierno (desde su aprobación en 25 Consejos de Ministros se han adoptado medidas de implementación de la Ley) un problema que hasta hace muy poco era considerado un asunto privado que sufrían las víctimas en la soledad de sus propias casas.
El desarrollo de la Ley y de las medidas que en ella se contienen conformando una estrategia integral han supuesto un gran avance en la protección de las víctimas estableciendo nuevos derechos , a la información, a la asistencia social integral, derechos laborales y prestaciones de la seguridad social, derechos económicos nuevos para las víctimas, pero además se ha puesto en marcha un sistema integral de tutela institucional (Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer) , se están desarrollando instrumentos de coordinación y colaboración institucional en el ámbito judicial y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (incremento importante de efectivos especializados en violencia de género), con las corporaciones locales a través de la FEMP, se han firmado protocolos de colaboración con las Comunidades Autónomas (entre otros aspectos para el Tratamiento y Actuación Forense Integral).
Igualmente en relación a la tutela judicial efectiva y la protección integral a las víctimas desde las instancias jurisdiccionales se han creado nuevos juzgados especializados (459, de los que 40 tienen competencias exclusivas y 419 compartidas), las fiscalías especiales o los programas específicos para los condenados por delitos de violencia de género buscando su reeducación, son algunas de las medidas mas significativas.
Más allá de todo el esfuerzo institucional queda modificar las mentalidades y las actitudes y para ello el esfuerzo que se está realizando en prevención y sensibilización tiene que ir a más, para ello el Gobierno está trabajando en un Plan Nacional y está diseñando estrategias específicas como la asignatura de Educación para la Ciudadanía con contenidos específicos en la materia.
Volviendo a la efectividad de la Ley quiero recordar por un lado que un 11,9 % de las mujeres granadinas son maltratadas, aunque no lo reconocen según un reciente estudio presentado por el Instituto Andaluz de la Mujer realizado por SIGMADOS lo que da cuenta del volumen de violencia oculta que existe y por otro que las denuncias van incrementándose paulatinamente (un 3,9 % en las presentadas ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad-datos del primer semestre de 2006 comparados con el primer semestre de 2005- y respecto de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer-en el primer trimestre de 2006 se han tramitado 37.504 asuntos penales , frente a las 21.922 denuncias tramitadas en el primer trimestre de 2005- ), es por tanto necesario reflexionar y transmitirle a las víctimas confianza en el Estado de derecho y animarlas a denunciar, porque lo que es seguro es que la Ley Integral ya ha salvado muchas vidas que afortunadamente no se pueden contabilizar.
Las víctimas nos necesitan, no sólo a las instituciones también al conjunto de la ciudadanía y especialmente a los hombres que han de levantar su voz y rechazar públicamente los comportamientos violentos de los que con su machismo trasnochado son capaces de atentar contra la vida y la dignidad de las mujeres.
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