Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria y San Bartolomé de Tirajana son las únicas localidades de las Islas que tienen un protocolo para emergencias, según Pedro Dorta [geógrafo] y Sebastián Martín, responsables del I Máster en Prevención de Riesgos Naturales de la ULL, quienes echan de menos una cultura de la prevención por parte de la Administración y la población isleñas.

IOSUNE NIETO, Tenerife

"Solamente cuatro municipios de los 87 de Canarias tienen planes de emergencia: Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Las Palmas y San Bartolomé de Tirajana. Eso significa que sigue existiendo un vacío en cuanto a la planificación por parte de las administraciones públicas de Canarias, a pesar de que es un fenómeno habitual en las Islas precipitaciones como las del miércoles, que han provocado situaciones de inseguridad y daños importantes". Inseguridad que fue real y no sólo psicológica, por la influencia que siguen teniendo la riada del 31 de marzo de 2002 en Santa Cruz y la tormenta tropical "Delta" en las Islas, según consideran Pedro Dorta y Sebastián Martín, director y secretario, respectivamente, del I Máster en Prevención de Riesgos Naturales que desarrollará a partir de enero la Universidad de La Laguna.

"Hay que tener en cuenta que las lluvias del miércoles suponen cuatro veces menos de lo que cayó el 31-M, luego si hubieran sido las de esa fecha, la pregunta sería: ¿Estamos preparados?", se cuestiona el geógrafo y climatólogo de la ULL, Pedro Dorta.

Insiste en que lluvias superiores a las de esta semana se han dado muchas veces, y da fechas: 1973, 1996 o 1922. Lo que lo lleva a resaltar que "lo que cayó el otro día no es excepcional, pero, sin embargo, genera alarma...". Al tiempo que llama la atención sobre que "el 31-M fue domingo; el miércoles era festivo y el Delta fue de noche y la gente estaba en su casa", como factores que redujeron el riesgo.

Planificar y prevenir

"No se puede basar todo en la intervención en la emergencia, que es ahora mismo el modelo en el que estamos situados en Canarias y en el Estado español", opina por su parte el experto en prevención en riesgos naturales, Sebastián Martín. "Si va a llover preparamos palas mecánicas, bomberos, policías... pero donde tiene que darse un giro en el modelo actual de la protección civil o de la gestión de los riesgos es en la prevención, la adecuación de las infraestructuras públicas y la planificación".

Explica que las Directrices de Ordenación General estipulan la obligación de elaborar mapas de riesgos antes de aprobar cualquier plan general, pero no se ha hecho. Son precisos para "delimitar las zonas peligrosas y, a partir de ahí, impedir que se pueda edificar o construir. Ese nuevo modelo -agrega- daría más seguridad a la población y a las administraciones públicas".

Sin embargo, esos planes, "que deben ser homologados para que los instrumentos aprobados sean acordes con los elaborados por el Cabildo y el Gobierno autónomo, no existen y los ayuntamientos funcionan bajo la intuición y el conocimiento, pero no dotados de un instrumento legal o de un protocolo de actuaciones", precisa.

"Según los pocos planes de emergencias existentes, la población tinerfeña y de Canarias está expuesta a unos 22 tipos de amenazas", entre las que destacan el riesgo volcánico, inundaciones, vientos, calor o incendios forestales.

"La población cada vez es más urbana. Hay municipios, como el de Arona, que ha crecido más de un 200 por cien en los últimos 25 años y eso genera una necesidad de infraestructuras enorme que nos hace más vulnerables", advierte el climatólogo de la ULL.

"Umbrales de precipitación cada vez más bajos generan más problemas, porque estamos desarrollándonos desde el punto de vista de las infraestructuras como nunca había ocurrido, y planificar sin tener en cuenta eso genera más riesgos", subraya.

"Incluso se podrían pedir responsabilidades", asegura Sebastián Martín, "porque los ayuntamientos deben elaborar esos mapas de riesgo y, en función de ellos, la planificación urbanística. Es un elemento básico dar a conocer a la población cuáles son los posibles peligros que le pueden afectar e introducir la gestión de riesgos en el quehacer público".

"Al final, una catástrofe es una mala gestión de riesgos, porque todos los peligros, salvo el sísmico, se pueden prevenir", asevera.

El climatólogo destaca además la llamada vulnerabilidad económica: "Los turistas vienen aquí por el buen tiempo y por la seguridad, por lo tanto, nuestra imagen es fundamental. No podemos evitar la lluvia, pero sí unas repercusiones poco acordes con un país desarrollado. Por eso debemos estar preparados, con planes de emergencia".

Cuentan ambos la anécdota de que en Güímar, cuando el "Delta", hubo unas personas que en cuanto se enteraron de la alerta empezaron a poner cinta aislante en las puertas y ventanas de sus casas. "Eran cubanos y la gente se pensaba que estaban locos, pero están tan acostumbrados en su país que para ellos era lo más normal".

Es una cultura que no está instalada entre nosotros, se lamentan. "Tiene que haber una integración del conocimiento y de la cultura. Esto es, gestión del riesgo antes, durante y después. Hay alguna experiencia interesante en Sudamérica, pero en Canarias está por desarrollarse", coinciden.

Valoran que "si se declara una alerta, el mejor lugar para los niños es estar en el colegio para evitar que los padres acudan a buscarlos, pero directores, profesores y población deben tener ese conocimiento" y añaden que "si el 31-M la gente hubiera salido para ir a buscar a sus hijos se habría generado un caos en el tráfico y la inseguridad que se habría generado hubiera sido mayor".

Por su parte, Pedro Dorta destaca que esta educación, que calificó de "ambiental", debería formar parte de la enseñanza en los colegios, porque es evidente, en su opinión, que la población ni siquiera conoce en qué consiste una alerta naranja.

Fuente: El Dia, Canarias, 4/11/06