Verano del 2006: Sequía. Embalses al 40%. El 15 de septiembre, el Gobierno aprobó el Real Decreto Ley 9/2006 por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía. Adena califica el decreto de “parche” porque, entre sus medidas, destacan las ayudas económicas a los agricultores afectados por la escasez de agua. Pero la ley no habla de los 510.000 pozos ilegales existentes en el Estado español. Estos pozos, realizados sin las concesiones pertinentes que aprueban las Confederaciones Hidrográficas, son la mayor amenaza para los acuíferos y, por lo tanto, para la reserva hídrica del país.
Según un informe denominado Uso ilegal del agua en España, realizado por Adena en mayo de 2006, se extraen ilegalmente, al menos, 3.600 hectómetros cúbicos de agua subterránea al año. Legalmente se extraen 4.500 hectómetros cúbicos. Es decir, que el 45% del agua bombeada desde los acuíferos se extrae de forma ilegal. La falta de precisión en los datos dificulta la gestión administrativa de las aguas subterráneas. “La situación de los acuíferos en España es de descontrol absoluto”, afirma Santiago Barajas, portavoz de Ecologistas en Acción.
A consecuencia de este descontrol se producen “extracciones masivas” que generan “daños irreversibles”. Según el informe de Adena, en zonas de alto valor ecológico como la cuenca alta del río Guadiana, el Ministerio de Medio Ambiente reconoce la existencia de 22.000 pozos ilegales frente a los 16.000 autorizados. Esto supone el agotamiento del acuífero 23 (declarado sobreexplotado ya en 1987) del que se extraen, al menos, 54,1 hectómetros al año más de los autorizados. Santiago cuenta que se pueden dar dos efectos sobre los acuíferos. En primer lugar, se puede producir un hundimiento del terreno, lo que imposibilita la recarga del acuífero aunque vuelva a llover. El segundo efecto es la denominada “intrusión salina” que se da en zonas costeras y supone la recarga del acuífero con el agua del mar, lo que altera sus componentes y su calidad.
El informe de Adena apunta que la reciente explosión urbanística, la construcción de campos de golf y la agricultura de regadío podrían ser las claves de las extracciones ilegales. Según Santiago Barajas, alrededor del 90% del agua extraída de forma ilegal se utiliza para abastecer la agricultura de regadío en zonas secas. Esta agricultura, de grandes capitales ligados al agronegocio y ajena a la agricultura familiar, es más competitiva en el mercado y recibe un mayor número de subvenciones. “Desde Adena estamos reclamando que no se aporten subvenciones a los agricultores que extraen agua de forma ilegal”, dice Guido Schmidt. Con la propuesta de vigilar las extracciones ilegales para suprimir las ayudas agrarias llegó David Hammerstein, eurodiputado del grupo Los Verdes, a la Comisión Europea. Pero, “como el Ministerio de Agricultura no cuenta con datos, la investigación no puede seguir adelante”, sentencia Guido Smith.
Madrid: golf y urbanismo
Debajo de la gran urbe se encuentra un acuífero detrítico terciario que, en la actualidad, se encuentra al límite de extracción. Según el representante de Adena, en la capital hay 18.600 pozos ilegales y 4.400 legales. Pero el principal uso, en este caso, no es la agricultura. La sobreexplotación urbanística está detrás del problema. Hay que tener en cuenta que el 37% del suelo de Madrid es urbano o urbanizable y el ritmo de construcción es frenético pues se prevén un total de 500.000 casas más con las recalificaciones que se están dando en los 179 municipios de la comunidad (según datos de Ecologistas en Acción). “Las nuevas urbanizaciones quieren asegurar el suministro de agua, y muchas lo hacen abriendo pozos ilegales”, sentencia Guido.
Pero hay un factor que no se debe olvidar: en Madrid existen 30 campos de golf que ocupan una superficie de 1.800 hectáreas y “diez de ellos han sido denunciados por extraer agua ilegalmente”, apunta Guido. Según datos aportados por Ecologistas en Acción, el consumo de agua de un campo de golf de 18 hoyos es de 10.000 metros cúbicos por hectárea y año. Esto supone que al año los campos de golf consumen 18 hectómetros cúbicos, que es el equivalente al consumo anual de una ciudad de unos 150.000- 200.000 habitantes. Y la situación podría agravarse porque el número de campos de golf se duplicará si se aprueban los recientes planes urbanísticos. Será dificultoso abastecer otra treintena de campos de golf únicamente con pozos legales. Regadíos ilegales en Murcia Mientras algunos sectores presionaban por conseguir el derogado trasvase del Ebro, en Murcia han crecido los cultivos de regadío ilegales a un ritmo de 6.400 ha por año. Estos cultivos se alimentan “casi necesariamente” de agua ilegal.
En las zonas más gravemente sobreexplotadas de la cuenca del Segura (a la que pertenece esta comunidad), como la comarca de las Águilas, la Universidad de Murcia estima en un 40 % los regadíos ilegales. Estas actuaciones son llevadas a cabo por “grandes empresas agrarias y capitales ligados al negocio inmobiliario con la evidente complicidad de la Confederación Hidrográfica del Segura y la administración regional”, afirma Ecologistas en Acción.
El informe Aguas limpias, manos sucias que la Fundación Nueva Cultura del Agua publicó en enero del 2004, ya advertía de que los regadíos ilegales se extienden incluso por los espacios naturales protegidos. Este es el caso del Parque Regional de Carrascoy, en el que, según Ecologistas en Acción de Murcia, existen más de 150 hectáreas de regadíos ilegales acompañados de sus consecuentes pozos ilegales. “La solución es tomarse en serio el tema”, clama Santiago Martín Baraja. Para ello, es necesario un compromiso claro entre las comunidades autónomas y las cuencas hidrográficas para investigar, perseguir y cerrar los pozos ilegales. Para que los intereses económicos no acaben con nuestro recurso más preciado, el agua.
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