Levante-EMV.es (Comunidad Valenciana) - 16 de octubre de 2006

El PSPV reclama a González Pons que actúe siempre como en Catral. El cemento está presente en la mayor parte del litoral de la Comunitat. Sólo el 31% de la costa está libre edificación, lo que significa que el 69% ya está urbanizado, según los datos recopilados por la Conselleria de Territorio y Vivienda a principios de 2006.

El litoral valenciano se extiende a lo largo de 47! 6 Kilómetros, de los que sólo 154 se encuentran, por el momento, sin urbanizar. Estos territorios libres de edificación se encuentran protegidos, salvo 34 kilómetros que todavía están expuestos a la amenaza urbanística, según los mismos datos. Fuentes de la Conselleria aseguran que el urbanizar en esos terrenos depende de lo que contemplen los diferentes ayuntamientos, pero inciden en que todos los PAI tienen que recibir el visto bueno de la Generalitat y que no se encuentran completamente desprotegidos.

Estos 34 kilómetros son la única superficie a pie de playa susceptible de ser construida, ya que los urbanizadores han agotado el suelo de la costa y, el que queda, se encuentra protegido bajo diferentes instrumentos ambientales y territoriales.

Los últimos datos recogidos por el Ministerio de Medio Ambiente hacen referencia al periodo 1990-2000. Durante esa década, la provincia de Alicante registró el mayor crecimiento de superficie urbanizada a pie de playa y sólo Málaga presentaba un mayor porcentaje de construcciones en el primer kilómetro de costa. En esos diez años se pasó de tener urbanizado un 42% de la costa al 52%, lo que evidencia un crecimiento del 10% en una década. Desde esta institución atribuyen el aumento de las edificaciones a pie de playa a la presión ejercida por el turismo. Por otro lado, el responsable de Medio Ambiente de los socialistas valencianos, Francesc Signes, también se refirió ayer al «urbanismo desaforado» y a la actitud del Conseller de Territorio y Vivienda, González Pons, al respecto. En este sentido aseguró que su futuro político «ha quedado ligado a l! a restauración de la legalidad urbanística en nuestra Comunitat», en clara alusión a la retirada de las competencias urbanísticas al municipio de Catral. Según dice, «ningún golpe de efecto, como el pretendido por González Pons, puede paliar la complacencia con la que el PP ha permitido todo tipo de abusos urbanísticos y la pasividad con que asiste a la continua degradación de nuestro territorio».

Instrumentos

Al contrario, Signes considera que, con su forma de actuar, el conseller ha demostrado que la Generalitat cuenta con «instrumentos suficientes» para haber impedido el «desaforado urbanismo que se ha apoderado de nuestro territorio desde que gobierna Francisco Camps». Por ello, a juicio del responsable del PSPV, «si no lo ha hecho es, sencillamente, porque no ha querido». Signes va más allá al afirmar que «ya no sirven las excusas de mal pagador que nos ha dado hasta ahora y se ha quedado sin argumentos para no actuar en el resto de municipios que comparten las mismas irregularidades urbanísticas».

Por este motivo, considera lógico que el conseller tenga que sacarse «conejos de la chistera como cortina de humo ante la desautorización en toda regla de organismos estatales y comunitarios». Al dictamen de la Comisión Europea también aludió el portavoz de Els Verds, Joan Francesc Peris, quien considera que con su respuesta González Pons demuestra que «sólo buscaba limpiar la imagen del PP y no un cambio real de la depredadora y especuladora política urbanística que sufre el territorio valenciano». Por ello, Peris reclamó la dimisión del conseller.