Lunes 16 de octubre de 2006
El actual redactado de la Ley de Deuda Externa, que se votará el próximo miércoles en el Senado, es incoherente con el Plan Director de la Cooperación Española y los compromisos internacionales del Gobierno español en la lucha contra la pobreza y en favor de los Derechos Humanos.Hoy comienza la Semana de Lucha contra la Pobreza, una iniciativa de la Alianza Española contra la Pobreza, para denunciar el incumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El Objetivo 8 establece que, para erradicar la pobreza y sus causas implícitas, es necesario atender de manera integral los problemas de la deuda externa por medio de medidas nacionales e internacionales. El Gobierno español se ha comprometido a aportar más y mejor ayuda oficial al desarrollo (AOD), y a aliviar la deuda externa de los Países Pobres Muy Endeudados. La votación del actual redactado de la Ley de Deuda Externa, que tendrá lugar el miércoles 18 de octubre en el Senado, pone en entredicho ambos compromisos. Porque se aumentaría el controvertido Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) y se contabilizaría las conversiones de deuda como AOD, una medida que supone el no incremento de la ayuda.

Las tres campañas contra la Deuda Externa, Corta con la Deuda, ¿Quién debe a quién? y Sin Duda Sin Deuda -con el apoyo de la Alianza Española contra la Pobreza- recibimos positivamente algunas enmiendas de los grupos políticos del Senado que han recogido nuestras demandas e instamos al Senado a que aproveche la oportunidad para transformar la Ley de Deuda en un verdadero instrumento de lucha contra las causas de la pobreza. Para ello, consideramos que se deben incluir la urgente reformulación del segundo mecanismo generador de Deuda Externa, que es la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE); el reconocimiento de la corresponsabilidad de políticas y la creación de mecanismos de evaluación; así como la no contabilización inmediata de las operaciones de cancelación de Deuda Externa como Ayuda Oficial al Desarrollo.

Además la Ley Reguladora de la Gestión de la Deuda Externa no incluye un compromiso de cancelación de deuda que agote el marco internacional existente ni medidas iniciales de cancelación del 100% de la deuda externa bilateral de todos los países que en este momento necesitan la cancelación de sus deudas para lograr una vida digna para todos sus habitantes, en contra de los compromisos asumidos por el Estado español y de lo que pide la sociedad civil. En cambio el actual texto de la Ley tan sólo facilita al Gobierno a cancelar, como máximo, un 15% del total de la deuda de la que el Estado es acreedor.

Asimismo, alertamos sobre las enmiendas presentadas por el PSOE, en las que propone aumentar los créditos FAD (Fondo de Ayuda al Desarrollo) en 528 millones de euros, cuando en el texto de la misma Ley aprobado en el Congreso el pasado 22 de junio se instó al Gobierno a revisar estos créditos.

Este mecanismo de financiación ha sido recurrentemente criticado por las ONG’s españolas como un instrumento cuyo principal objetivo es el apoyo a la internacionalización de la empresa española y no la erradicación de la pobreza, que según la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo es el objetivo prioritario de la AOD. El FAD es el responsable de la mitad de la Deuda Externa que los países empobrecidos tienen contraída con el Estado español y ha contribuido a agravar el problema de sobreendeudamiento de una parte de los mismos. Asimismo, en la mayoría de los casos, se trata de ayuda vinculada a la contratación de bienes y servicios a empresas españolas, lo que provoca, la sobrevaloración en el precio de la misma, la discriminación del tejido productivo local y la concentración de los fondos en un número reducido de empresas españolas, entre otros.

Por estas razones hemos reclamado en repetidas ocasiones su revisión y desaparición. El aumento del FAD es inaceptable y contradictorio con la propia Ley de Deuda Externa que prevé revisar este mecanismo de generación de Deuda. La oposición al incremento de los fondos canalizados a través del FAD no debería sin embargo, impedir el crecimiento de la AOD en general.

Desde la sociedad civil queremos transmitir al Senado y al Gobierno nuestra inconformidad con la priorización en la Ley de Deuda Externa de los intereses económicos del Estado español como acreedor por encima del derecho a una vida digna de las poblaciones empobrecidas en los países del Sur. A fin de que esta Ley sea un instrumento para erradicar la pobreza, como piden cientos de organizaciones en la Semana de Lucha contra la Pobreza del 16 al 21 de octubre, con el lema “Más hechos, menos palabras”, pedimos que en su articulado se incluyan las demandas que, en su momento, presentamos conjuntamente al Senado.

Corta con la Deuda
¿Quién debe a quién?
Sin Duda Sin Deuda

Fuente: http://www.quiendebeaquien.org/article.php3?id_article=298