La reforma de las leyes de asilo y extranjería en Suiza es contraria a las normativas internacionales y a los principios de derechos humanos, como ya lo han manifestado la ONU o la Comisión Europea. El que las personas o asociaciones que ayuden a inmigrantes en situación irregular puedan ser procesadas o la obligatoriedad de que los solicitantes de asilo presenten su pasaporte en vigor suponen una criminalización de la ayuda humanitaria y una vulneración de la Convención de Ginebra, que reconoce que hay razones válidas para que personas que huyen de la persecución no estén en posesión de documentos de identidad. Por otro lado, la selección del perfil de los inmigrantes por países y nivel de cualificación establece un modelo de flujos migratorios altamente peligroso, que favorece a los países más desarrollados y perjudica a los menos desarrollados. Suiza se aleja así de los principios humanitarios, peligrosa senda ya seguida por la política francesa sin ningún resultado positivo.

El Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE), que engloba a 70 organizaciones nacionales de 25 países, entre ellas CEAR, ha manifestado que de aprobarse, la nueva ley suiza es una prueba del aumento de las restricciones para que las personas perseguidas encuentren seguridad en Europa, unas restricciones que pueden estar detrás del descenso en las solicitudes de asilo en Europa desde 2001. ECRE recuerda que alrededor del 70% de los refugiados se encuentran en países pobres y del sur, mientras que Europa debería responder a su obligación tanto legal como moral y asumir su responsabilidad con respecto a los refugiados.

Fuente: http://www.cear.es/noticias.php#texto=165