Redacción (11/09/2006)
Teresa Yarce, miembro activo de la Asociación de Mujeres de Las Independencias (AMI), trabajaba para promover los derechos humanos en Colombia.
Su actividad consistía en animar a denunciar violaciones de derechos humanos y a hacer campaña contra la militarización y el creciente control paramilitar del vecindario. También había sacado a la luz casos de corrupción de autoridades municipales.
Desde 2002, Teresa y otras activistas de la AMI recibieron numerosas amenazas de muerte. En noviembre de ese año, fue detenida junto con dos compañeras y acusada de rebelión.
El siguiente año quedó en libertad por falta de pruebas y en 2004 murió a causa de un disparo. Según testigos, el asesino vivía en una zona vecina y era un conocido miembro de un grupo paramilitar.
La rutina de la violencia y la impunidad
Historias como ésta se han convertido en una rutina en Colombia. No sólo los grupos armados militares amenazan y agreden a activistas, sino que además el gobierno del presidente Álvaro Uribe les detiene y acusa de “subversivos” y “defensores del terrorismo”, desacreditando continuamente su labor.
Esta es la situación que denuncia Amnistía Internacional (AI) en “Colombia: Temor e intimidación. Los peligros del trabajo por los derechos humanos”, su último informe.
Con su actitud, el gobierno colombiano está perpetuando los abusos que contra los derechos humanos se cometen en Colombia
AI recopila numerosos relatos de casos de impunidad y desprotección como el de Teresa Yarce, demostrando que muchos activistas son objeto de amenazas, agresiones y persecución judicial "por cargos sin fundamento". Y a los atacantes "rara vez" se los hace comparecer ante la justicia.
Según indica el documento, los activistas de derechos humanos colombianos trabajan en “condiciones extremadamente adversas”, tratando de proteger los derechos humanos en un país que sufre un conflicto armado interno.
Así advierte de que, con su actitud, el gobierno colombiano está “perpetuando los abusos que contra los derechos humanos se cometen en Colombia”.
Recomendaciones clave
La presión nacional e internacional ejercida sobre el gobierno colombiano ha dado lugar a que se desarrollen programas orientados a la protección de activistas, sindicalistas y periodistas.
Sin embargo, la protección que se ofrece “no son más que medidas limitadas que atajan los síntomas, no las causas por las que se producen los ataques contra los activistas de derechos humanos”.
Por esta razón, AI subraya que el Estado colombiano “tiene la obligación de crear las condiciones básicas para que puedan trabajar con libertad” y añade que “el presidente tiene que reconocer públicamente la legitimidad su trabajo”.
El papel de España y la comunidad internacional
La ONG, además de aportar en su informe recomendaciones y claves para emprender medidas que mejoren esta situación, anima a la comunidad internacional a que se comprometa con esta situación.
Precisamente, la semana pasada, dos activistas lesbianas colombianas consiguieron el asilo político en España por las amenazas de muerte y agresiones que recibieron recibieron por su orientación sexual.
Por otra parte, la policía colombiana liberó al cooperante español Alex Juan Martí -junto con otros compañeros extranjeros y colombianos miembros del Observatorio de Paz Internacional- después de que les detuvieran por grabar una protesta de desplazados en la capital del país.
¿Qué PueDo HaCer yo?
AI te invita a pedir al presidente Uribe que se comprometa públicamente a prestar su apoyo a las actividades legítimas de los activistas de derechos humanos y que acaben los abusos contra ellos. Para hacerlo sólo tienes que escribir al embajador de Colombia en tu país.
Más información:
Colombia: Temor e intimidación. Los peligros del trabajo por los derechos humanos
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