Rebelión
Ya está publicada la nueva versión del Anteproyecto de Ley de Administración Electrónica que nace para garantizar el derecho ciudadano a la comunicación con la Administración mediante procedimientos electrónicos. Esta iniciativa lleva fraguándose años para atender las recomendaciones de expertos de la Administración y de organizaciones ciudadanas sobre la incorporación de las TIC para las gestiones ante las administraciones.
El Gobierno había prometido que seguiría la recomendación de la UE sobre el uso de los estándares abiertos, el criterio de neutralidad tecnológica y los informes positivos sobre el uso de software libre. Sin embargo, por la aparente presión de las multinacionales del software y los intereses encubiertos en esta cuestión, el nuevo texto defrauda las expectativas ciudadanas puestas en esta Ley.
La UE recomienda un máximo del 20% de dependencia de la Administración pública de un sólo proveedor tecnológico, sin embargo, en España más del 90% de la infraestructura informática -en términos absolutos- está bajo licencia de la empresa norteamericana Microsoft. Los intereses del monopolio del software por encima del interés general.
El Grupo de software libre en la Administración General del Estado, creado por el Consejo Superior de Informática para el Impulso de la Administración Electrónica, instaba al Gobierno a la incorporación del software libre y de fuentes abiertas en el funcionamiento de la Administración a través de esta Ley.
Según los técnicos se trata de dar respuesta a los cuatro aspectos operativos perseguidos por la Administración a lo largo de sucesivas oleadas tecnológicas como son la libertad de elección, la protección de la inversión, la mejor relación precio/rendimiento y la garantía de comunicación e interoperabilidad. Sin embargo, finalmente, no han sido escuchadas nisiquiera las recomendaciones de los expertos de la Adminstración General del Estado. Algo habrá tenido que ver que una de las consejeras del Ministerio de Administraciones Públicas para la redacción de esta ley ha sido la, a su vez, consejera delegada de Microsoft Ibérica, Rosa María García.
Por otra parte, las protestas en la web de la Administración Pública (060), han conseguido que se añada un segundo párrafo al Artículo 1, "Objeto de la Ley", donde nisiquiera se había incluído "la disponibilidad, el acceso, la integridad y la conservación de los datos" con los que trabajan las administraciones públicas. Lo que no han olvidado los redactores de la Ley ha sido eliminar el párrafo donde decía que "los programas de la administración no podrán depender de un único proveedor".
Asímismo, y según el texto de la ley (Artículo 38.2) el Gobierno sólo garantizará un "adecuado nivel de interoperabilidad", no una interoperabilidad plena a los ciudadanos y ciudadanas que realicen gestiones electrónicas con la Administración. Esto va a suponer que el intercambio de información con la Administración, traducido en gestiones y trámites de todo tipo, no podrá hacerse con independencia del software utilizado. No se garantiza la compatibilidad y por tanto la comunicación con estas instancias públicas a través de otros programas que no sean los proporcionados (vendidos) por lo proveedores -en monopolio- de la Administración. Imagínese usted que va a su ventanilla de la administración y le dicen que no le van a atender hasta que tenga el software de esta compañía americana.
No hemos conseguido, por tanto, con esta nueva normativa la neutralidad tecnológica de las administraciones, tal y como obliga ya la normativa europea. Hasta ahora, la mayoría de las administraciones trabajan con software que hace uso de formatos propietarios que dificultan la competitividad en el mercado, retrasan la innovación, mantienen monopolios y, a su vez, aumentan los costes para los usuarios y usuarias; y así mismo para las arcas del Estado. En el proceso de redacción de esta ley se pretendía superar estas limitaciones, pero finalmente el texto no obligará a las Administraciones a usar estándares abiertos ni software libre.
Como dice el Grupo de software libre en la Administración en sus recomendaciones "el ejercicio de estas cuatro libertades de ejecución, conocimiento, modificación y redistribución tiene consecuencias de calado estratégico para el ejercicio por parte de la Administración electrónica de la defensa del interés general, de la transparencia, de la eficacia, de la independencia tecnológica, del acceso a los servicios, de la seguridad, de la relación con los administrados, del control sobre los programas y aplicaciones, del acceso y conservación de la información en soporte electrónico".
Por estas razones IEPALA se suma a las protestas que se están dando por la decepción de este anteproyecto de Ley de la Administración Electrónica, y en consonancia con la apuesta que desde hace años lleva haciendo la organización por el uso y promoción del software libre, seguirá trabajando para que el texto de la ley vuelva a recuperar su espíritu impulsor del uso software libre, es decir, aquél que se distribuye con una licencia que permite la libertad de ejecutarlo, de conocer el código fuente, de modificarlo o mejorarlo y de redistribuir copias a otros usuarios. Y de estándares abiertos, es decir, aquéllos que no tiene restricción ni condición alguna para su uso e implementación y el completo de sus características son accesibles para cualquiera sin mediar pago alguno, o, a lo sumo, un pago simbólico que cubra el coste del soporte. Os invitamos a hacer llegar vuestras quejas y opiniones a los partidos políticos que tienen que votar la ley en el Senado y el Parlamento para que protejan el interés general frente a los intereses de las multinacionales de las nuevas tecnologías de la información. El dinero que se gasta en el software propietario por parte del Gobierno podría bien invertirse en otros más urgentes gastos sociales. Desde IEPALA y la comunidad del software libre esperamos que todavía sean posibles los cambios deseados en la ley, que según el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, no estará aprobada hasta principios de 2008, entrará en vigor en 2009, y un año más tarde para las comunidades autónomas. Apuesta por el software libre
Ya de forma pionera y en los comienzos de la Internet en España, allá por el año 1994 IEPALA puso en marcha la Red EuroSur, un servicio proveedor de información y de acceso a Internet para ongs, colectivos y movimientos sociales que funcionó íntegramente con programas disponibles en fuente y de distribución libre. Tanto para los sistemas operativos de los servidores como para la gran cantidad de software necesario para esta iniciativa: servidores de correo, web, conferencias electrónicas, transferencia de ficheros, autenticación de usuarios, buscadores de información, herramientas de automatización de tareas, programas de análisis y creación de estadísticas, etc. se utilizaron programas libres.
En 2000 en el camino de la difusión de GNU/Linux, se impartieron dos cursos en colaboración con el INEM sobre "servicios telemáticos" donde se enseñaba a poner en marcha y mantener redes de ordenadores basadas en servicios disponibles en software libre. Desde un servidor web apache, a encaminamiento avanzado o automatización de tareas con scripts. En los cursos relacionados con la biblioteconomía, también impartidos para el INEM, se dan nociones de uso de los entornos GNU/Linux, tanto de escritorios como en consolas.
En los últimos años, ya de generalización del uso de GNU/Linux y de otros programas libres, IEPALA sigue desarrollando software libre para facilitar el trabajo con herramientas informáticas no propietarias a ong's y gestiona el portal Gloobal para la cooperación internacional en internet que se ha concebido como un sistema integrado de información y comunicación al servicio del desarrollo sostenible, la cooperación y los derechos humanos, en definitiva un espacio de intercambio y apoyo mutuo para la incidencia ciudadana a nivel global, y por supuesto en código abierto.
Más información en: www.gloobal.info
